Informa Asa Cristina Laurell que la Auditoria Superior de Federación confirma inoperancia de los Hospitales de Alta Especialidad
México, Distrito Federal
Jueves 25 de febrero de 2010
* Contratos de asociación público-privada anticonstitucionales, explica
* Hospitales de Alta Especialidad sin funcionar, menciona
* Pagos a empresas por servicios no prestados, señala
* Empresas enriquecidas, pacientes no atendidos, comunica
La Secretaría de Salud del Gobierno Legítimo lleva dos años denunciando que los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) son grandes negocios pero no cumplen su cometido de prestar servicios médicos a la población necesitada. La auditoría de la Cuenta Pública de 2008, realizada por la Auditoria Superior de Federación (ASF) confirma plenamente estas denuncias y solicita que los funcionarios responsables sean investigados y castigados, afirma Asa Cristina Laurell.
La importancia de estas auditorias va más allá del sector salud ya que demuestran el funcionamiento de los proyectos de asociación público-privada. Es así porque los dos HRAE auditados –el del Bajío y el de cuidad Victoria, Tamaulipas—fueron contratados en este esquema pero bajo el nombre de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). Las auditorias se hicieron oportunamente para que el Congreso las lea y rechace la Ley de Asociación Público-Privada actualmente congelada en el Senado.
La ASF observa sobre el contrato del hospital del Bajío que los… “compromisos a largo plazo pactados con un particular fueron autorizados únicamente por la SHCP, con fundamento en los propios lineamientos que esa dependencia emitió junto con la Secretaría de la Función Pública, sin participación alguna de la Cámara de Diputados, en lo que se refiere al gasto y del Congreso de la Unión, en lo que se refiere a los compromisos de pago con efectos similares a un endeudamiento público….… los pagos que deben de efectuarse año con año limitan la posibilidad de atender otras prioridades en un determinado sector…. la ASF considera conveniente que el Congreso de la Unión tenga una mayor participación en la autorización de este tipo de compromisos, por lo que es aconsejable que formen parte del registro de la deuda pública federal, identificarse plenamente en la cuenta pública y, en el caso específico de las entidades paraestatales, en sus propios estados financieros, en cumplimiento del artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
Es decir la ASF considera que estos proyectos son inconstitucionales y significan un endeudamiento público oculto y poco transparente; tema candente en la actual crisis económica por la conducta de los bancos y de los gobiernos como el de Grecia.
El alto costo de estos hospitales se desprende de otras observaciones. Resulta que se pactó en el contrato del HRAE del Bajío una pago anual base de 130.4 millones durante 25 años. Sin embargo se pagó en el año 2008 un total de 168.0 millones y 176.9 millones en 2009.
Los pagos incrementan año con año porque la tasa de interés que la empresa inversionista-proveedor contrata para el financiamiento de la obra y equipamiento del hospital es la que prevalece en el mercado. Se lograría una tasa menor si se contratara como endeudamiento público. Al pago del crédito se debe añadir además la ganancia de la empresa.
Una justificación de los PPS es que la IP es más eficiente que los gobiernos. La auditoría de la ASF no lo confirma. Se ha suministrado puntualmente a las empresas el pago pactado a pesar de incumplimientos en los servicios pactados. Por ejemplo, a tres años de inaugurado el HAER del Bajío todavía no funciona el Sistema de Cómputo y Telecomunicaciones. De todos modos se paga este servicio y el contrato sólo permite una penalización del 2.5% de este pago aunque parezca inverosímil.
La situación del HAER de ciudad Victoria, documentada por la ASF, es todavía más escandalosa. Tal como la SSGL denunció en su momento este hospital fue inaugurado en marzo de 2009 sin el equipo y personal requerido. La ASF encontró que la Secretaría de Salud otorgó la certificación de la terminación de los trabajos y equipamiento a la empresa contratante, MARHNOS, el 10 de enero de 2009. Es la certificación requerida para iniciar los pagos mensuales convenidos con la empresa inversionista-proveedor.
La falta de equipamiento médico señalada por la ASF se registra en diversas áreas: anatomía patológica, medicina física y rehabilitación, oncología, radioterapia, medicina nuclear, quimioterapia, braquioterapia y parcialmente de consulta externa y hospitalización. En el momento de la inauguración estaban contratados solamente 15 directivos.
Al momento de la fiscalización en junio de 2009 se encontraban contratadas 195 personas de una plantilla de 528 (según la ASF) y 616 de acuerdo a contrato firmado. Estos resultados dan origen a la solicitud de fincamiento de responsabilidades a funcionarios públicos por no utilizar los recursos públicos con eficiencia y eficacia y por no haber exigido al inversionista privado que suministrara e instalara el equipamiento necesario para la operación del hospital.
Para dimensionar la problemática de la falta de equipamiento y personal es necesario señalar que durante todo 2009 sólo hubo 74 ingresos de hospitalización y 7 de corta estancia. En el transcurso de nueve meses se atendió un total de 1,072 pacientes incluyendo la consulta externa. Estos resultados contrastan con la erogación de 146.7 millones de pesos.
A la empresa se pagaron en 2009 124.9 millones por intereses, amortización de obra y equipamiento no instalado y por los servicios contratados no prestados. Sin embargo al inversionista sólo se le sancionó con 116 090 pesos a pesar del total incumplimiento.
Los hechos descubiertos por la ASF ya se habían denunciado por la SSGL y la prensa. Las irregularidades del HAER de Bajío ya estaban a la vista a finales de 2007. La simulada inauguración del HAER de ciudad Victoria en marzo de 2009 también fue evidenciada ampliamente. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública y la contraloría interna de la Secretaría de Salud no hicieron nada. La Cámara de Diputados debe exigir que estas instancias actúen ante las denuncias de la ASF y que la SHCP deje de ejercer los recursos públicos de manera discrecional y opaca.
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Fuente: Gobierno Legítimo
Difusión AMLOTV
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